Bajo la premisa de una reestructuración integral del sistema ferroviario nacional, la administración central se encamina a formalizar el llamado a licitación para el Belgrano Cargas. La compañía estatal, sujeta a privatización mediante la Ley de Bases, entrará en un proceso de concesión que busca transformar la operatividad de la red de cargas en el transcurso de 2024.

La propuesta gubernamental, presentada recientemente ante inversores en Nueva York, introduce un esquema de Open Access (acceso abierto) y desintegración vertical. Este modelo permite el uso libre de las vías sin poseer necesariamente la potestad sobre ellas, separando la operación de los trenes del mantenimiento de la infraestructura férrea. No obstante, estos parámetros han generado inquietud en el sector privado, dado que la obligatoriedad de presentar empresas distintas para las vías, el material rodante y los talleres rompe con los criterios de unidad operativa que rigen internacionalmente.

El despliegue de esta política abarca una red de 7.594 kilómetros operativos que integran las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, conectando 16 provincias y cinco pasos internacionales. Para este ambicioso proyecto, el Ejecutivo estima una inversión total de 755 millones de dólares, de los cuales 420 millones se destinarán a la línea San Martín, 260 millones a la Belgrano y 75 millones a la Urquiza, con un tope de financiamiento fijado en 435 millones de dólares.

En el escenario de interesados, la compulsa evidencia una puja de alto nivel. El Grupo México ha manifestado un interés firme, aunque marcó distancias con el modelo oficial al proponer una inversión de 3.000 millones de dólares bajo un esquema de operación concentrada. En la vereda opuesta, un consorcio de las principales agroexportadoras del país, entre las que figuran Cargill, Bunge y AGD, asoma como el principal competidor local por el control de un negocio estratégico para la logística nacional.

El cronograma oficial prevé que los pliegos se publiquen de forma inminente, otorgando un plazo de 90 días para la presentación de ofertas. Bajo este escenario, la firma del contrato se proyecta para mediados de año, iniciando un periodo de transición que culminaría en diciembre con la transferencia definitiva a los nuevos adjudicatarios.