La parálisis que afectó la actividad fluvial y marítima del país comenzó a destrabarse formalmente. A través de la Resolución 46/2026 publicada en el Boletín Oficial, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) oficializó una reducción del 20% en las tarifas máximas de practicaje y pilotaje, un paso administrativo clave para consolidar el acuerdo que desactivó las medidas de fuerza en los puertos.
El recorte arancelario se aplicará de manera directa sobre los cálculos del régimen tarifario vigente desde 2018. Tanto la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje como la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante avalaron formalmente la quita. Esta rebaja tiene carácter provisorio y regirá de forma estricta mientras se mantenga suspendida la reforma del sector que había impulsado el Poder Ejecutivo.
El conflicto se había desatado a raíz del Decreto 690/2026, promovido por el ministro Federico Sturzenegger, que buscaba desregular la actividad regida por una normativa de 1991 para facilitar la llegada de nuevos prestadores. El rechazo de los operadores derivó en huelgas que pusieron en riesgo el comercio exterior. Ante este escenario, el Gobierno dictó el Decreto 716/2026 para suspender temporalmente la reforma, restituir el marco anterior y abrir una negociación coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional que derivó en el actual esquema de rebaja de costos y la creación de una mesa intersectorial.
