El prolongado deterioro de las rutas nacionales en el sur de la provincia de Santa Fe ha vuelto al centro del debate político. La senadora provincial Leticia Di Gregorio cuestionó formalmente el destino de los fondos recaudados por el Estado nacional a través del impuesto a los combustibles líquidos, señalando una desconexión crítica entre la carga impositiva que soportan los ciudadanos y las condiciones reales de la infraestructura vial.
Según detalló la legisladora del departamento General López, aproximadamente el 16% del valor de cada ticket de combustible corresponde a este tributo específico. Aunque estos recursos fueron creados por ley para el mantenimiento y la mejora de las carreteras, Di Gregorio afirmó que la realidad de arterias clave como las rutas nacionales 8, 7 y 33 demuestra que dichos fondos no están siendo derivados a su fin original. La situación ya fue elevada por la senadora ante el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el ministro de Economía, Luis Caputo.
“Los argentinos pagamos este impuesto cada vez que cargamos combustible, pero cuando salimos a la ruta nos encontramos con calzadas destruidas, banquinas abandonadas y una falta total de mantenimiento”, sostuvo Di Gregorio, enfatizando que el estado actual de las vías representa un riesgo diario para quienes transitan por razones laborales, de salud o de estudio.
El análisis de la legisladora también apuntó a moderar las expectativas públicas sobre los anuncios de futuras concesiones viales e instalación de nuevos peajes en los cuatro corredores que atraviesan el departamento General López. Di Gregorio advirtió que existe una percepción errónea de que el nuevo sistema ofrecerá soluciones inmediatas. De acuerdo con su previsión, en una primera etapa los concesionarios privados apenas cubrirán tareas mínimas de mantenimiento y emergencias —servicios hoy ausentes en varios tramos—, postergando las obras de reconstrucción profunda para el largo plazo.
Por último, la senadora desestimó las versiones sobre un presunto traspaso de la responsabilidad vial a la órbita local, aclarando que la provincia de Santa Fe no ha recibido la transferencia de las rutas nacionales en su territorio. Al respecto, precisó que el único anuncio oficial corresponde a un tramo de la A012, un proceso que todavía depende de resoluciones administrativas pendientes.
Para Di Gregorio, la urgencia de la discusión radica en la transparencia fiscal: “Los vecinos ya están pagando por el mantenimiento de las rutas cada vez que cargan combustible. Lo mínimo que corresponde es que esos recursos vuelvan en obras y en condiciones seguras para circular”.
