En un movimiento orientado a consolidar la reutilización social de activos incautados a organizaciones criminales, la provincia de Santa Fe avanza en la organización de su quinta subasta pública de bienes decomisados. El procedimiento, que tendrá lugar a mediados de abril en el Salón Metropolitano de Rosario, se inició formalmente con la designación de los profesionales que conducirán los remates a través de un convenio con los Colegios de Martilleros de la primera y segunda circunscripción.

La iniciativa busca dar continuidad a una política de gestión que, en sus cuatro ediciones anteriores, permitió recaudar más de 3.500 millones de pesos. Para esta nueva convocatoria, las autoridades proyectan un catálogo de entre 140 y 150 lotes, con una marcada preponderancia de vehículos y motovehículos. Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión de Registros Provinciales, ponderó la naturaleza de esta operatoria al señalar que se trata de un esquema inédito en el país donde el Estado quita bienes a los delincuentes para subastarlos públicamente.

La selección de los martilleros se realizó mediante un sorteo que asignó a diez profesionales titulares por el Colegio de Rosario y otros diez por el de Santa Fe, garantizando la representación de diversas localidades. Según detalló Figueroa Escauriza, el objetivo es lograr la subasta más ambiciosa en términos de volumen, incluyendo unidades con bases inferiores al millón de pesos para facilitar su acceso como herramientas de trabajo. Asimismo, el funcionario adelantó que se evalúa la inclusión de una aeronave, lo que representaría la primera vez en la historia de la Aprad que se subasta un avión en un remate público.

El destino de los fondos obtenidos reviste una triple finalidad operativa y social. En primer término, se prioriza el resarcimiento a las víctimas, un ítem que ya suma devoluciones por más de 200 millones de pesos. En segunda instancia, el producido permite el autofinanciamiento de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales, cubriendo costos logísticos como el traslado de vehículos desde comisarías sin erogaciones directas del tesoro provincial. Finalmente, los excedentes se aplican a políticas sociales y donaciones a instituciones educativas, clubes y vecinales.

Desde el sector profesional, el presidente del Colegio de Martilleros de Rosario, Pablo Porta, ratificó el acompañamiento institucional a esta medida, a la que calificó como un acto transparente y abierto para los 400 matriculados de su entidad. La Aprad, creada en 2016 bajo la Ley Nº 13.579, mantiene su potestad sobre los bienes secuestrados en causas judiciales, permitiendo que elementos que van desde insumos informáticos hasta joyas recuperen una utilidad social, ya sea mediante su remate, compactación o entrega directa a entidades de beneficencia y fuerzas de seguridad.