Las empresas que asuman la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas de jurisdicción nacional quedarán exentas de pagar impuestos nacionales, provinciales y municipales. Esta medida forma parte de un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación, en el marco del proceso de privatización de los caminos viales dependientes del Estado nacional.

El plan oficial contempla una etapa inicial de licitaciones sobre 6.000 kilómetros de rutas distribuidas en todo el territorio argentino, con la proyección de extender el lote de tramos a concesionar hasta alcanzar los 12.000 kilómetros. El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló la iniciativa durante su participación en el encuentro "Vientos de Cambio", donde afirmó: "todo lo que sean nuevas inversiones en rutas, vamos a proponer que sea a cero impuestos, nacional, provincial y municipal".

Para que la exención alcance las tasas locales y provinciales, la administración de Javier Milei requiere el aval de gobernadores e intendentes. El titular de la cartera económica confió en lograr dicho respaldo bajo el argumento de que los mandatarios subnacionales coinciden en la relevancia de la inversión en infraestructura, en un contexto donde diversas jurisdicciones reclamaron por la falta de mantenimiento e incluso solicitaron el traspaso de rutas nacionales a sus órbitas.

Esta estrategia de incentivo fiscal coincide con una fuerte retracción de los fondos públicos para el sector. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) cayó a su nivel más bajo en treinta años. En conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la reducción real de recursos alcanza el 70% entre 2023 y 2025.

Los datos de la entidad exponen que las partidas destinadas al mantenimiento de rutas nacionales sufrieron un recorte real del 60%, pasando de 826 mil millones de pesos en 2023 a 333 mil millones de pesos presupuestados para 2025, con una proyección de 248 mil millones para 2026. La caída de la inversión pública impactó de forma generalizada en las provincias; en Buenos Aires el gasto devengado se redujo de 468,5 mil millones de pesos a 70,2 mil millones en dos años, registrando descensos de magnitud similar en distritos como Santa Fe, Córdoba y Mendoza.