El Gobierno nacional oficializó un plan de retiros voluntarios con supresión definitiva de vacantes en el Estado

El proceso de reducción estructural de la administración pública nacional sumó un nuevo mecanismo administrativo con la entrada en vigencia del Decreto 1203/2026, que habilita un régimen de retiro voluntario para el personal de planta permanente y contratados por tiempo indeterminado del Poder Ejecutivo. La normativa establece una consecuencia presupuestaria inmediata para las dependencias oficiales: cada vacante generada mediante este esquema deberá ser suprimida formalmente, lo que impedirá la reposición de personal en las áreas afectadas.

La operatoria, supervisada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, prevé una ventana de adhesión fijada entre el 1° y el 30 de noviembre, con la posibilidad de extenderse por un plazo único de hasta 30 días corridos. El esquema segmenta al universo de agentes en tres categorías según su edad y trayectoria previsional, ofreciendo alternativas de desvinculación que van desde pagos mensuales proporcionales hasta liquidaciones directas por antigüedad.

Para los empleados próximos a jubilarse pero sin los años de servicios exigidos —mujeres desde 58 años y hombres desde 63—, el sistema permite elegir entre el cobro mensual del 60% del salario bruto habitual con continuidad de aportes durante 36 meses o hasta alcanzar el beneficio previsional, o bien percibir una gratificación única sujeta a un tope de 18 remuneraciones. En cambio, quienes acrediten 30 años de aportes accederán a un sueldo por año trabajado más una compensación fija de cinco salarios brutos adicionales.

El segmento más joven, compuesto por mujeres de hasta 57 años y varones de hasta 62, contará con una indemnización fijada en un sueldo por año de servicio —hasta 20 remuneraciones—, a la que se sumarán cuatro o cinco salarios extra de acuerdo con la antigüedad acumulada en la planta permanente estatal.

El texto oficial también delimita un conjunto de exclusiones estrictas destinadas a evitar la salida consensuada de agentes bajo escrutinio administrativo o judicial. Quedan marginados del beneficio los agentes procesados por delitos contra la administración, aquellos sometidos a sumarios por cesantía o exoneración, quienes hayan promovido litigios laborales contra el Estado sin previa renuncia formal a la demanda, y los empleados que ya reúnan las condiciones de edad y servicios para tramitar la jubilación ordinaria.