Bajo la premisa de garantizar la estabilidad del sistema energético nacional, el Ministerio de Economía oficializó la suspensión por seis meses de los derechos antidumping que gravaban la importación de aisladores de porcelana. La decisión, plasmada en la Resolución 345/2026 publicada en el Boletín Oficial, responde a una coyuntura excepcional: la desaparición total de la oferta local tras el cese de actividades del único fabricante en el país.

La medida se precipitó luego de que la firma Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino S.A. (FAPA), que concentraba el 100% de la producción nacional y el 70% del consumo interno, informara el cierre irreversible de su planta. Según detalla el instrumento legal, la empresa no solo declinó su actividad productiva, sino que procedió al remate de la totalidad de su maquinaria, eliminando cualquier posibilidad de reactivación inmediata.

Ante la orfandad de oferta argentina, la Cámara de la Industria Electrónica, Electromecánica y Luminotécnica (CADIEEL) certificó la inexistencia de otros socios fabricantes en el rubro. En sintonía, la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) advirtió que mantener los impuestos a la importación representaba un "obstáculo inmediato" para la infraestructura eléctrica, calificando la permanencia de la protección como una afectación injustificada para un servicio público esencial.

La flexibilización arancelaria alcanza a los productos originarios de China, Brasil y Colombia, específicamente para aisladores de montaje rígido, de suspensión y pasantes para transformadores. Con esta determinación, el Estado suspende una política de protección vigente desde el año 2015, priorizando la reducción de costos operativos y la fluidez de las obras de red frente al desmantelamiento definitivo de la capacidad industrial del sector.