Este martes 12 de agosto, la Corte de Apelaciones de Nueva York resolverá si mantiene en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF como pago por la expropiación realizada en 2012 bajo el gobierno de Cristina Kirchner, considerada por el tribunal como “mal realizada”.

El caso, iniciado hace diez años, contempla tres posibles escenarios:

• Que se prorrogue la medida cautelar y continúe suspendido el traspaso de acciones.

• Que se rechace el pedido de la Argentina y se ejecute la entrega de acciones, algo que el financista Burford Capital anticipó que no liquidará “como acto de buena fe”.

• Que se mantenga la suspensión pero se ordene pagar con otros activos equivalentes, como bonos de mediano o largo plazo.

Si la Corte mantiene la suspensión, quedará una nueva instancia para definir sobre la entrega de las acciones. En cambio, si no se concede el freno total, el país tendrá dos caminos: llegar a un acuerdo con los acreedores o no cumplir el fallo, con riesgo de desacato, embargo de reservas del BCRA, restricción de acceso a los mercados de capitales y eventual embargo de activos de YPF.

El juicio se origina en la decisión del gobierno kirchnerista de no realizar la Oferta Pública de Adquisición prevista en el estatuto de YPF al momento de expropiar. Según la jueza Preska, esta omisión perjudicó a inversores que compraron acciones en Nueva York, donde cotiza la petrolera, y generó un reclamo por US$ 16.100 millones, más US$ 2 millones diarios de intereses.

La historia se remonta a 1993, cuando el gobierno de Carlos Menem privatizó YPF y recaudó US$ 1.100 millones en Wall Street bajo leyes estadounidenses. Años más tarde, el Grupo Petersen adquirió el 25% de la compañía con financiamiento de Repsol y bancos como Credit Suisse, Goldman Sachs y Citibank. Tras la expropiación en 2012, YPF suspendió el pago de dividendos, lo que llevó a Petersen a la quiebra al no poder cumplir con sus acreedores.

En 2015, el Juzgado de lo Mercantil N° 3 de Madrid subastó el derecho a litigar, que fue adjudicado a Burford Capital, especializado en financiar juicios. Burford también asumió el reclamo de Eton Park, tercer mayor inversor en YPF. Según lo acordado, el 70% de lo cobrado corresponderá a Burford y el 30% a la quiebra de Petersen, administrada por un síndico que distribuirá esos fondos entre acreedores.

Fuentes cercanas a la familia Eskenazi indicaron que “la familia Eskenazi puso 100 millones de dólares de fondos propios” en la operación. “Está certificado eso en la operación de compra”, remarcaron.