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Cerca del 30% de los usuarios que refinanciaron deudas volvieron a incumplir, mientras el sector no bancario concentra un atraso de hasta el 30%.
La capacidad de pago de los hogares argentinos exhibe nuevas señales de agotamiento estructural. Pese a los esquemas de refinanciación desplegados por las entidades financieras para contener la irregularidad, cerca del 30% de los deudores que reestructuraron sus compromisos volvió a caer en mora, un fenómeno que dilata la normalización del balance crediticio y traba la recuperación del consumo.
Los registros del Banco Central situaron la morosidad de las familias en un 12,9% durante julio, dentro de un cuadro general donde la irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 7,7%. Aunque la desaceleración en el ritmo de deterioro y la baja en los atrasos tempranos menores a 90 días sugerían un techo para la crisis de pagos, el incumplimiento reiterado de las carteras renegociadas interrumpió las previsiones de mejora del sistema.
El fenómeno responde de manera directa a la pérdida sostenida del poder adquisitivo y a las condiciones flexibles bajo las cuales se otorgó financiamiento en etapas previas. Ante la imposibilidad de calificar en el circuito formal, una porción creciente de la demanda se desplazó hacia el crédito no bancario y plataformas fintech, cuyo stock trepó a $16,3 billones en agosto con tasas de morosidad que oscilan entre el 25% y el 30%.
Este encarecimiento del costo financiero y el incremento en el riesgo de incobrabilidad derivaron en un endurecimiento preventivo de los requisitos de otorgamiento en todo el país. La reducción de montos disponibles y la exigencia de mayores garantías limitan el flujo de liquidez hacia la economía real, mientras en el Congreso se preparan iniciativas contrapuestas que van desde la fijación de topes a las tasas hasta esquemas de mayor transparencia en el costo financiero total.