Las asignaciones por hijo para trabajadores registrados perdieron el 45% de su poder de compra en una década

El sistema de seguridad social profundizó en la última década una asimetría distributiva que castiga al empleo formal con menores ingresos: las asignaciones familiares contributivas resignaron el 45% de su capacidad adquisitiva entre 2016 y septiembre de 2026. En contraste, el esquema compuesto por la Asignación Universal por Hijo y la Prestación Alimentar consolidó un avance relativo y mejoró su cobertura alimentaria en un contexto de inflación estructural persistente, según expuso un relevamiento del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina.

Para una familia tipo compuesta por dos adultos y dos niños, la prestación del Sistema Único de Asignaciones Familiares cubría el 40% de la canasta alimentaria hace diez años, pero en la actualidad apenas alcanza el 20,8% de la CBA. En la vereda opuesta, el paquete que combina la asignación universal y el refuerzo alimentario elevó su capacidad de respuesta frente a los requerimientos nutricionales esenciales, escalando desde un 32% en 2016 hasta un 48,7% de cobertura en septiembre de 2026.

La divergencia responde a una serie de decisiones fiscales tomadas a lo largo de los últimos ciclos económicos. Mientras la asignación no contributiva duplicó su valor real en 2024 y sumó el soporte de transferencias directas de alimentos, el esquema de los asalariados registrados quedó marginado de refuerzos extraordinarios. Si bien desde mediados de 2024 ambos regímenes aplican indexación mensual por el Índice de Precios al Consumidor, esa fórmula sólo congeló el retroceso reciente pero consolidó la pérdida del sistema contributivo acumulada en el tiempo.

Las condiciones de vulnerabilidad muestran hoy una convergencia técnica entre la informalidad y los escalones salariales más bajos. En el tramo inicial de las asignaciones formales, el 61% de los hogares se encuentra en situación de pobreza y un 15% permanece bajo la línea de indigencia, guarismos casi idénticos a los perceptores del beneficio universal, quienes sin embargo acceden a un volumen de asistencia 2,3 veces mayor por hijo.

El informe del ODSA-UCA alertó además sobre el atraso en los topes de corte para ingresar al sistema formal. La exigencia salarial para acceder a la escala máxima pasó de equivaler a 1,28 canastas en 2018 a un umbral actual de 0,76 canastas, una restricción paramétrica que dejó fuera de los beneficios contributivos a miles de trabajadores con salarios depreciados.